Boris Barrios: Enjuiciar al presidente es legal, no un golpe de Estado

Según Barrios, la Constitución establece en los artículos 160, 152 y 191 todo el procedimiento para convocar a un juicio político en la Asamblea Nacional, una facultad que tienen la institución a través de la comisión de credenciales al ejercer funciones judiciales para tramitar denuncias contra el presidente de la República.

Causas constitucionales para enjuiciar a un presidente

El exfiscal detalló que en el artículo 191, se incluyen delitos contra la seguridad internacional del Estado, provocar violencia en procesos electorales para impedir el ejercicio de órganos del Estado y delitos contra la istración pública en un contexto general, confirmando que denuncias presentadas ante la Asamblea, como las relacionadas con un memorándum con Estados Unidos, podrían configurar un delito contra la personalidad internacional del Estado y ser una causal válida según la Constitución.

Barrios comentó que Panamá ya tuvo juicios políticos, mencionando los casos de Guisado, Faunde y el exmagistrado Moncada, demostrando que no es algo extraordinario, restando valor a la idea de que una simple conversación, incluso entre figuras políticas como una expresidenta y diputados, sobre enjuiciar al presidente constituya un golpe de Estado, considerando que hablar de enjuiciamiento político no es un delito porque es una previsión constitucional.

En contraste, el exfiscal definió el golpe de Estado como la toma de poder por la vía de la violencia, lo cual no se aplica al juicio político, sugiriendo que la mención del mismo en el contexto actual podría ser una expresión en un momento de crisis para manipular la opinión pública.

Suspensión de garantías constitucionales

Barrios explicó que esto requiere una situación extraordinaria y está sujeto a mecanismos de control político en la Asamblea y control constitucional, no siendo una decisión unilateral del Ejecutivo, destacando que la actual istración presidencial no controla la Asamblea.

En cuanto a la sucesión presidencial en la istración del mandatario José Raúl Mulino, quien no tiene vicepresidente, el exfiscal indicó que la Constitución actual establece que, en caso de ausencia permanente del presidente sin suplente, el gabinete debe elegir de su seno quién lo reemplazará como ministro encargado de la presidencia, difiriendo de una previsión constitucional anterior donde el ministro de mayor edad asumía la presidencia.

Posible salida a la crisis política

Barrios mencionó la necesidad de diálogo y búsqueda de mecanismos de acuerdo en lugar de confrontación para preservar la salud de la democracia.

Sobre la propuesta de una constituyente originaria como solución, el exfiscal expuso que el momento actual no es el adecuado, argumentando que el éxito de una constituyente depende de la convocatoria de todos los sectores políticos y fuerzas del país, donde el ambiente actual no refleja esa capacidad.

En definitiva, Barrios abordó la discusión sobre una posible reforma constitucional para incluir una segunda vuelta electoral, considerando que, a pesar de oposiciones pasadas, los panameños entendieron la necesidad de este mecanismo para garantizar que el presidente sea elegido por la mayoría (la mitad más uno) y aunque la sociedad parece inclinarse a favor, el desafío sería definir cuál de las diversas formas de segunda vuelta se adoptaría porque las condiciones varían según el voto y las alianzas.