El Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc González presentó este miércoles su informe de la "Situación actual de los Derechos Humanos en Panamá", en el destacó; que "el Estado panameño se encuentra en mora en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales debido a que no ha suscrito, ni ratificado importantes instrumentos internacionales que protegen los mismos".
Leblanc resaltó la participación de los oficiales de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y el papel de mediador de la entidad durante las protestas registradas entre mayo y agosto del 2022, en las cuales la ciudadanía ejerció su derecho a la protesta en sus reclamaciones legítimas ante el alto costo de la canasta básica, medicamentos y precio del combustible.
El defensor señaló que en lo que se refiere a la Educación, le recomienda al Ministerio de Educación (Meduca) mejorar las infraestructuras, aplicar la guía de orientación en sexualidad y afectividad para lograr una educación igualitaria e inclusiva; en materia de salud hizo un llamado a la Caja del Seguro Social (CSS) a mejorar la calidad de atención al asegurado, agilizar los trámites, mejorar los sistemas de citas y abastecer de medicamentos a las farmacias a nivel nacional.
En cuanto al sistema Metro Bus, en el informe se reiteró el llamado para mejorar la calidad del servicio y a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), se recomendó prestar más atención a las concesionarias para respetar los derechos de los s respecto a las tarifas, frecuencias y estado de las flotas.
El informe señala también que en atención al derecho a un ambiente sano recalcó la preocupación por el mal manejo de desechos y la contaminación por agroquímicos principalmente en fuentes hídricas, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía.
Sobre el derecho de la mujer hizo un llamado a las instituciones, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que conforman el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género a reactivar las acciones para disminuir la brecha entre políticas públicas y la realidad que vive este grupo en situación de vulnerabilidad.
El personal de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional seguirá trabajando por los derechos de todas las personas para evitar la vulneración del derecho a la integridad personal, en especial de quienes están en custodia del Estado, de las personas con discapacidad, VIII, comunidad LGBTIQ+, niñas, niños y adolescentes (NNA); y migrantes.