La Defensoría del Pueblo de Panamá lanzó un llamado urgente este lunes para que se restablezcan las clases a nivel nacional, tras la interrupción de casi dos semanas, advirtiendo sobre las graves consecuencias que esto provoca en la educación de niños, niñas y adolescentes.
La institución reconoció que el derecho a la protesta es legítimo, pero subrayó que este no debe anteponerse a los derechos de la niñez y adolescencia.
“La Institución Nacional de Derechos Humanos reconoce el derecho a la protesta, sin embargo, recuerda que los derechos de la niñez y adolescencia son una prioridad absoluta, no se puede sacrificar el futuro educativo de toda una generación; por ello, es imperante el retorno seguro a las aulas en todo el país”, señala la Defensoría.
El llamado ocurre en un contexto de prolongadas interrupciones escolares que han afectado a la niñez panameña en los últimos años. De acuerdo con cifras de la UNESCO, Panamá fue el país que más días perdió de clases durante la pandemia, con casi 211 días sin educación en las aulas.
Posteriormente, se registraron aproximadamente un mes de interrupción en 2022 y unos 42 días en 2023.
La Defensoría recordó que, según UNICEF, las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en abrir, dada su importancia como espacios seguros y protectores.
“Las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en abrir, ya que son espacios seguros, protectores y fundamentales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las escuelas ofrecen no solo educación, sino también apoyo psicosocial, alimentación y protección frente a múltiples riesgos que aumentan fuera del entorno escolar”, enfatizó la institución.