El expresidente panameño Ricardo Martinelli(2009-2014), condenado por corrupción en su país, agradeció al mandatario colombiano, Gustavo Petro, por haberle concedido el asilo político que le permitió viajar anoche a Bogotá.
El expresidente acompañó su mensaje con una fotografía del breve comunicado de la Cancillería colombiana que confirmó la concesión del asilo "en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de protección a personas perseguidas por razones políticas".
Martinelli llegó a última hora del sábado a Bogotá tras abandonar de manera sorpresiva la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encontraba refugiado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción.
En otro mensaje en la misma red social, Martinelli dio las gracias "al hermano pueblo nicaragüense y muy en especial al presidente Daniel Ortega y la copresidente Rosario Murillo" por haberlo acogido en la embajada de ese país en Panamá.
"Estuve 16 meses asilado en su embajada donde, gracias a ellos, pude salvar mi vida. Les estaré eternamente agradecido", dijo en X.
La salida de Martinelli, de 73 años y con una extensa trayectoria empresarial, puso fin a un prolongado episodio diplomático entre Panamá y Nicaragua, que se inició en febrero de 2024 tras confirmarse su condena a más de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso 'New Business', vinculado a la compra de un conglomerado de medios de comunicación con fondos públicos.
Salvoconductos 6g5bs
El Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó entonces la solicitud del salvoconducto y llamó la atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que Martinelli buscaba incidir en la política desde la sede diplomática nicaragüense.
No fue hasta marzo pasado cuando el Gobierno de José Raúl Mulino aprobó un primer salvoconducto para que el expresidente viajara a Nicaragua. Sin embargo, la salida hacia ese país centroamericano nunca se concretó.
Además del caso 'New Business', Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en la isla de Mallorca.