A través del Código de Ética del Servidor Público los funcionarios pueden denunciar si han sido presionados por otro servidor superior a realizar prácticas de corrupción en el ejercicio de sus funciones según explica el abogado Ernesto Cedeño, luego de darse a conocer de presiones en lo interno de Instituciones gubernamentales. 4y585u
Las declaraciones del abogado se dan luego que la directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Nellys Herrera, confirmara la veracidad de un audio que circuló en redes sociales en el que se refirió a presiones en la entidad por parte de funcionarios que respaldan la precandidatura del vicepresidente José Gabriel Carrizo, el abogado Cedeño indica que en el Artículo 219 todo servidor público tiene la obligación de denunciar un acto como el mencionado.
Cedeño menciona que "Si esas personas saben que hay alguien que está presionando a su subalterno, si nos encuadramos en el Código de Ética por supuesto que podría determinarse que se podría estar violando el principio del respeto".
Enfrentamiento entre diputados 2h6d60
En la Asamblea Nacional durante la comparecencia del de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz. El diputado Raúl Pineda reaccionó con gritos a los cuestionamientos del diputado Luis Ernesto Carles; ante esto el abogado se refiere como "lamentable que alguien agarre un micrófono y diga le mandamos un mensaje a los directores de entidades autónomas, a los ministros que no presionen. Di los nombres, presenta las acciones.
En el programa Cuarto Poder, el diputado Eduardo Carles, se refirió a la situación acalorada con el diputado del PRD indicando la aparente intención de "tumbar la sesión".
En su defensa, el diputado Raúl Pineda dijo "Nosotros lo que estábamos diciendo es que se estaba sesionando con 16 o 17 personas en el pleno, pero no era la intención -tumbar la sesión-”, refiriéndose a la situación acalorada durante la comparecencia del de la Asamblea Nacional.
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Por otro lado, Cedeño menciona que en el Código Electoral dice en el Artículo 519 que se sancionará con prisión de 1 a 3 años a aquellos que abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o contra de determinado precandidato, candidato o partido político.