El reconocido abogado ambientalista Harley Mitchell, emitió una crítica sobre la gestión ambiental en Panamá, haciendo hincapié en la necesidad imperante de integrar a todos los actores fundamentales (Estado, sociedad y economía) para alcanzar un desarrollo sostenible real, subrayando que el sector económico está siendo excluido de la gestión ambiental, lo cual es un error fundamental para el desarrollo sostenible.
Inconstitucionalidad del contrato
Mitchell enfatizó que la empresa tiene una responsabilidad objetiva y el deber de cumplir con la fase ambiental de limpieza, mantenimiento de la infraestructura, gestión de derrumbes, material sobrante y vehículos que pueden ser agentes de contaminación.
El abogado recordó el Artículo 8 de la Ley General del Ambiente, que impone un "mandamiento absoluto":
"Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de controlar y evitar la contaminación ambiental", destacando la importancia de evitar incertidumbres pasadas con otras empresas mineras abandonadas como Petaquilla Gold, donde incluso se presentaron denuncias penales por abandono de tinas de relave sin que se conozca su destino.
Financiamiento ambiental
Frente a cuestionamientos de sectores opositores que sostienen que el cobre extraído pertenece al Estado panameño y no a la empresa, Mitchell fue enfático en que la gestión ambiental requiere mucho dinero y el Estado no puede ni debe pagar la cuenta porque un plan de preservación minera implica costos estimados en 20 millones de dólares al mes, una cifra que representa la mitad del presupuesto del Ministerio de Ambiente o el presupuesto de la Autoridad de Aseo en un año.
Por tanto, el abogado comentó que el concentrado de mineral extraído está en proceso de deterioro y debe utilizarse para financiar la operación de una manera más eficiente, argumentando que el Estado panameño no tiene la capacidad para comercializar, vender o transportar este mineral debido a la situación de las arcas públicas no saludables.
Por último, reiteró que las empresas tienen que participar en la sostenibilidad porque no es una cuestión de si son buenas o malas, sino una necesidad y si la empresa comercializa el mineral para evitar la contaminación del área, es fundamental el pensamiento en el ambiente circundante y en las comunidades, evitando "dejarlas a su suerte con un evento de contaminación".
Plan de Preservación y Gestión Segura
En cuanto a la duración, Mitchell detalló que debe ser mientras está la situación porque para un estudio de impacto ambiental categoría 3 como este, los instrumentos de gestión ambiental son siempre de cumplimiento y desde una perspectiva jurídica, no es "técnicamente responsable" ni "jurídicamente posible" que la empresa abandone y deje todo porque la responsabilidad objetiva implica que quien explotó debe mantener.
En definitiva, el abogado explicó que el mineral extraído no puede devolverse al "tajo Botija" y todas las operaciones de mantenimiento ambiental requieren financiamiento, insistiendo en que el desarrollo sostenible es la unión de la parte ecológica, social y económica, y que para las funciones de conservación "se necesita dinero" porque en un país con "arcas vacías", el mineral representa la "mejor oportunidad" para financiar este mantenimiento ambiental y evitar una contaminación incontrolable.