La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York respondió a una carta fechada 13 de mayo enviada por los abogados de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, al juez federal Raymond J. Dearie, quien lleva este proceso. 424611
En esa carta, los hermanos Martinelli Linares sostuvieron que proporcionaron a la justicia de Estados Unidos todas las pruebas sustanciales antes de ser arrestados o acusados por el delito de conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York reiteró que si bien los hermanos Martinelli Linares proporcionaron información útil para la investigación, no se involucraron en el proceso de cooperación de buena fe, “fallaron en revelar información clave y, en última instancia trataron de usar su privilegio, riqueza y poder para frustrar la investigación y evitar asumir la responsabilidad de sus acciones en Estados Unidos”, indica el documento de la Fiscalía.
En esa carta, los hermanos Martinelli Linares también argumentaron que la inversión de 9.5 millones de dólares en una empresa de servicios de telefonía celular, se hizo bajo la dirección y a beneficio de un oficial del gobierno de Panamá. Al respecto, la Fiscalía señaló que las cuentas que los hermanos utilizaron para recibir y lavar casi 28 millones de dólares estaban a sus nombres, y utilizaron esas mismas cuentas para realizar millonarios gastos personales y retuvieron una parte significativa de esos fondos.
Sobre el argumento que sostienen los hermanos de que fueron elegidos como diputados suplentes del Parlacen en 2019, la Fiscalía de Nueva York indicó que no ha visto evidencia de que esa elección fuera legítima, “la evidencia de que los acusados no tenían credenciales válidas del parlamento incluye el hecho de que perdieron apelaciones en Guatemala”.
La lectura de sentencia de los hermanos Martinelli Linares será este viernes 20 de mayo.
Tanto Ricardo Alberto como su hermano Luis Enrique, están acusados de conspiración para lavar aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados.