La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la istración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos, en perjuicio de la Asamblea Nacional. Esto, tras los resultados de las auditorías realizadas al Órgano Legislativo.
Asimismo, se señala que dicho incumplimiento se debe a la "inexistencia del ejercicio de los respectivos cargos o destinos públicos para los cuales fueron nombrados".
La acción legal se dirige contra los servidores de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos, de acuerdo con la diligencia de verificación, control de asistencia y de pagos, realizada por la Contraloría.