La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) creó una subcomisión para evaluar el proyecto de Ley N°329 que regula el conflicto de intereses en el sector público. 3o3e1
La subcomisión estará integrada por los diputados Crispiano Adames, Corina Cano y Juan Diego Vásquez.
Adames, quien preside esta Comisión de trabajo, dijo que tendrán un plazo de dos semanas para analizar el proyecto para posteriormente llevarlo a primer debate.
La iniciativa tiene por objetivo regular las medidas mínimas para evitar situaciones de conflicto de intereses por parte de los servidores públicos, en particular de los altos cargos del Estado.
El diputado Gabriel Silva, proponente del proyecto, explicó que los servidores públicos no podrán hacer uso de su condición para beneficiarse ni pedir tratos favorables.
Deberán manejar información de forma discreta y no compartir a una tercera persona de forma privada.
No podrán aceptar regalos, donaciones, favores, invitaciones o servicios en condiciones ventajosas que puedan malinterpretarse.
Los altos cargos del Estado no podrán contratar a familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad incluyendo a sucónyuge en la entidad en la que son titulares, así como deberán abstenerse de solicitar su nombramiento ante cualquier otro cargo.
Los servidores públicos electos por votación popular no podrán contratar directa ni indirectamente a sus donantes de campaña cuyas donaciones superaron los B/.10,000.00.
El proyecto también indica que queda prohibido a los altos cargos formar parte de la junta directiva de federaciones, movimientos, organización o fundación de interés privado sin fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Gobierno, o cualquier otro ente que reciba fondos del Estado, mientras esté en ejercicio del cargo.