El gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, ha intensificado su control sobre las organizaciones religiosas y la sociedad civil al imponer un impuesto sobre la renta a las iglesias y entidades religiosas, y al ordenar el cierre de 151 organizaciones no gubernamentales (ONG).
Estas medidas, publicadas en el diario oficial La Gaceta, marcan un endurecimiento sin precedentes desde las protestas de 2018.
La reciente resolución de Ortega derogó un artículo clave de la "Ley de Concertación Tributaria" que eximía a las iglesias y fundaciones religiosas del pago de impuestos. Ahora, estas organizaciones deberán pagar hasta un 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado, lo que ha sido visto como un intento de "ahogar financieramente a la Iglesia," según Martha Patricia Molina, experta en temas religiosos y exiliada en Estados Unidos.
Nicaragua cancela inscripción de 151 ONG 66414j
Además de las reformas fiscales, el gobierno nicaragüense canceló la inscripción de 151 ONG, apenas tres días después del cierre de 1,500 organizaciones, en su mayoría de carácter religioso. Este cierre masivo eleva a más de 5,300 las organizaciones clausuradas desde las protestas de 2018, las cuales, según Ortega y su esposa Rosario Murillo, contaron con el apoyo de la Iglesia católica y diversas ONG.
Entre las entidades clausuradas se encuentran cámaras de comercio de varios países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea, y otras naciones de América Latina y Europa. Esta acción ha sido condenada por diversas organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos, quienes ven en estas medidas un intento de "destruir toda posibilidad de religión y de Iglesia" en Nicaragua, según José María Tojeira, portavoz de los jesuitas.
Cierre deliberado del espacio cívico 2c6m43
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que estas medidas evidencian "el cierre deliberado del espacio cívico y democrático" en Nicaragua, mientras que la ONU calificó la situación como "profundamente alarmante."
La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, ha condenado estas acciones, acusando al gobierno de Ortega de violaciones graves a los derechos humanos y de perseguir a las voces críticas, incluyendo a de órdenes religiosas. Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007, sostiene que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington, y continúa consolidando su control sobre el país a través de estas medidas represivas.
FUENTE: AFP