La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, aprobó una ley para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en las instituciones públicas del país, que incluye la creación de un sistema integrado anticorrupción y un espacio para denuncias.
La normativa, de acuerdo con el dictamen leído durante la sesión plenaria de hoy, contempla la creación de un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, compuesto por expertos y representantes de 12 instituciones públicas y que será liderado por la Fiscalía General.
Además, ordena la creación del Centro Nacional Anticorrupción que "ejecutará todas las acciones de inteligencia para investigar" este flagelo y establece que "todos" los funcionarios públicos deberán presentar una declaración jurada de informe de activos y pasivos.
La ley también dispone que "los ciudadanos pueden denunciar de forma anónima o no a cualquier funcionario y recibirán protección".
El diputado oficialista William Soriana, del partido Nuevas Ideas (NI), señaló que esta ley "reitera la firme convicción del Gobierno en la lucha contra la corrupción en cualquier nivel" de la función publica.
Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, señaló que la aprobación de la normativa "solamente es el continuismo de seguir engañando al pueblo con leyes que solo sirven para el marketing, para hacer ver que hay una realidad que realmente no es y para mostrar algo que no es acorde a lo que realmente es la práctica de quienes están en el poder".
La Ley Anticorrupción 1m1j65
La Ley Anticorrupción, propuesta por el presidente Nayib Bukele, entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Bukele anunció a finales de enero que envió una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa para "erradicar" la corrupción en el país centroamericano, tal como lo hizo con las pandillas.
De acuerdo con el mandatario salvadoreño, esta ley es solo el comienzo de "un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país".
En junio de 2023, Bukele anunció que su Gobierno llevaría a cabo una "guerra frontal" contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para "los corruptos".
Actualmente, el Código Penal salvadoreño establece penas de entre seis a 15 años de prisión para funcionarios por el delito de peculado, de entre uno y tres años por malversación, y de entre tres y diez años de cárcel por enriquecimiento ilícito.