La justicia española impuso este viernes la pena de un año y medio de cárcel al ginecólogo peruano Carlos Morín, por cometer 11 abortos ilegales en los últimos meses de embarazo en clínicas de Barcelona. 5r4645
Morín fue detenido en 2007 junto a otros médicos de varias clínicas que dirigía en Barcelona en el marco de una investigación policial iniciada tras la emisión de un reportaje en Dinamarca sobre abortos tardíos en dichos centros.
Se los acusaba de hasta 72 interrupciones ilegales de embarazo, cometidas únicamente en el año 2007, alguna de ellas cuando se había rebasado la semana 32 de gestación.
Tras un largo proceso, fueron absueltos en 2013 por la Audiencia de Barcelona pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio que en esta ocasión terminó con la condena de Morín y un psiquiatra de sus clínicas.
Sin embargo, la sentencia de este viernes considera que únicamente fueron ilegales 11 de los 72 abortos investigados.
En estos casos se habría justificado la intervención alegando un grave peligro para la salud psíquica de la madre, sin que ésta fuera visitada por un psiquiatra y utilizando informes médicos falsos.
El tribunal condena a Morín al entender que "es el único y verdadero director, artífice y responsable intelectual de toda la actividad que se desarrolla en dichas clínicas" y sabía que las mujeres operadas no fueron examinadas profesionalmente.
Al psiquiatra, Pascual Javier Ramón Mora, lo acusa de firmar informes psiquiátricos sin haber visitado a la paciente sabiendo que "llevarán a la práctica de una interrupción del embarazo" ilegal.
La pena inicial tenía que ser de 5 años y medio de prisión para cada uno, pero el tribunal la redujo a un año y medio debido a la "dilación extraordinaria" del proceso judicial, de casi nueve años.
Aunque el aborto está legalizado en España desde 1985, en el momento de los hechos sólo estaba permitido en tres casos: por violación en las 12 primeras semanas, malformación del feto hasta las 22 semanas y durante toda la gestación si existía peligro para la madre.
Las detenciones se produjeron justo cuando el gobierno socialista en el poder se planteaba modificar la ley para permitir el aborto sin condiciones durante las primeras 14 semanas de gestación.
La ley no fue aprobada hasta 2010, con gran rechazo del Partido Popular (conservador), que prometió derogarla al llegar al poder en 2011 aunque finalmente desistió.