Miles de chavistas se manifiestan hoy en Caracas para rechazar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano para liberar a varios opositores en prisión, una norma que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, aseguró que "jamás" promulgará. 3w2o23
La movilización, que prevé llegar hasta el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, fue convocada por los líderes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para entregar a Maduro una lista de firmas de quienes rechazan la ley que permitiría la liberación de decenas de opositores.
Las rúbricas fueron recopiladas a lo largo de un proceso de consulta pública que se inició hace casi una semana a pedido del propio mandatario, quien pidió a sus seguidores indicaciones sobre qué hacer frente a la ley, que ya fue aprobada por los opositores que controlan dos tercios del Legislativo.
La marcha se inició a las 10.00 hora local (14.30 GMT) encabezada por altos funcionarios del Gobierno de Maduro, entre ellos el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, que junto a sus partidarios alzaron pancartas y fotografías de varias víctimas de la violencia de las protestas antigubernamentales de 2014.
El oficialismo argumenta que la ley es "criminal" e "inconstitucional" y promueve la "impunidad" porque dejaría en libertad a quienes, asegura, son los responsables de las muertes durante aquellas protestas, entre ellos el opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la responsabilidad de una de esas manifestaciones.
El instrumento legal está a la espera de la firma del presidente Maduro, que desde el inicio de la elaboración de la norma ha manifestado su rechazo a la ley.
Aunque Maduro no puede por sí solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento, si el mandatario y la Cámara no llegarán a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede remitir el instrumento al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que es inconstitucional.
La ley de Amnistía y Reconciliación Nacional beneficiaría a decenas de opositores que se encuentran en prisión acusados de delitos comunes, pero que la oposición califica de "presos políticos" y considera que fueron inculpados por razones políticas.
Buena parte de esos opositores están en prisión acusados de delitos relacionados con las protestas de principios de 2014 que dejaron 43 muertos, según el saldo oficial, algunos de ellos a manos de civiles y otros de funcionarios públicos.