La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que istra los hospitales públicos, informó hoy de que elabora un diagnóstico de los requerimientos y responsabilidades para cumplir con el decreto ejecutivo que avala la fecundación in vitro (FIV) en el país. 724e13
La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, afirmó en un comunicado de prensa que la institución mantiene activa una comisión técnica que tiene como objetivo actualizar protocolos correspondientes.
" La Caja dispone de un programa de atención de infertilidad, el cual integra una serie de procesos destinados a tratar esta condición en pareja, por lo que se está retomando el nuevo escenario para que se logre la puesta en marcha de la FIV de la manera más pronta y oportuna ", expresó Sáenz.
La institución también pidió un reporte a la Comisión Técnica acerca del espacio en donde se realizaría el procedimiento de la FIV, así como el análisis de los costos y las posibilidades de financiación que se requieren para la puesta en marcha del procedimiento.
El pasado 1 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un informe en el que valida el decreto con el que el Gobierno de Costa Rica pretende regular la fecundación in vitro, pero que había sido anulado por la Sala Constitucional el 3 de febrero pasado.
El decreto de septiembre pasado, firmado por el presidente Luis Guillermo Solís, le da dos años a la CCSS para implementar la técnica médica, a la cual podría acceder cualquier mujer mayor de edad, soltera o con pareja, pero con algunos requisitos como ser infértil y haberse sometido a otras técnicas menos invasivas.
El texto además prohíbe que los óvulos fecundados sean desechados, comercializados, destruidos, clonados, alterados genéticamente o que se experimente con ellos, así como tampoco se podrá realizar selección genética y la fisión.
En el 2000, la Sala Constitucional de Costa Rica decidió que la FIV era inconstitucional, al interpretar que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.
En noviembre de 2012, la CorteIDH declaró que la prohibición de la FIV en Costa Rica constituye una violación de los derechos humanos y ordenó al país centroamericano que la reactivara.