El ministro de Justicia de Colombia consideró viable que el narcotráfico se convierta en delito conexo al político, lo que permitiría que los de las FARC que resulten condenados por esta violación puedan participar en política luego de purgar la pena correspondiente.
Yesid Reyes, jefe de la cartera de Justicia, descartó que con esta consideración el gobierno le esté abriendo la puerta a amnistiados (mediante el olvido de delitos y cierre de procesos penales), indultos (suspensión de condenas) y a frenar las eventuales extradiciones de los integrantes de las FARC, según una entrevista publicada el domingo por el diario El Tiempo.
Declarar conexo el narcotráfico "no afecta procedimientos, no afecta penas, solo que desaparezca la inhabilidad (para los rebeldes desmovilizados) de participar en política (o presentarse a cargos de elección popular) una vez cumplida la pena", declaró Reyes.
El ministro explicó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos evalúa esta posibilidad luego de que la Corte Constitucional dejara en libertad, en una reciente sentencia, al Congreso para que indicara "cuáles serán los delitos conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política".
En la década de 1990, la máxima corte colombiana había circunscrito los delitos políticos, o aquellos cometidos por quienes se levantan contra el Estado, a las conductas de rebelión, sedición y asonada.
La propuesta de ampliar los delitos conexos ha recibido amplias críticas, lideradas entre otros por el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien cree que algunas autoridades buscan "blindar" a los rebeldes contra las solicitudes de extradición.
La polémica avanza, mientras el gobierno y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia esperan reanudar el miércoles las negociaciones de paz que suman dos años en La Habana, y que fueron suspendidas por primera vez luego de que la guerrilla secuestrara a un general. El alto mando, hoy en retiro, recuperó la libertad hace una semana.
Las partes seguirán discutiendo dos de los puntos más delicados en la agenda pactada: la reparación de las víctimas del conflicto, y la dejación de armas y reinserción de los rebeldes.