El ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, confirmó hoy que los matrimonios gais celebrados en el extranjero no tendrán validez en Italia y que se anularán los registrados en ayuntamientos cuyos alcaldes decidieron aprobarlos. 5h4g3m
Alfano declaró que "las leyes del país no permiten que se casen personas del mismo sexo".
El ministro respondió así, en una entrevista radiofónica, a los alcaldes de ciudades italianas como Nápoles, Bolonia o Fano que, desde julio pasado, inscribieron en sus respectivos registros civiles matrimonios homosexuales contraídos en el extranjero para, así, estimular al Gobierno a aprobar una ley del matrimonio gay.
"El asunto está muy claro", dijo hoy el ministro, porque, explicó, "las directivas aprobadas en algunos ayuntamientos para registrar los matrimonios contraídos por personas del mismo sexo en el extranjero no son conformes con la ley italiana".
Insistió en que en Italia "no es posible que se casen personas del mismo sexo" y, por eso, los matrimonios homosexuales que tengan validez en el extranjero no pueden ser inscritos en el Registro Civil del país porque "no son consentidos por la ley".
De hecho, aseguró que hoy mismo firmará una circular con la que todos los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero y registrados en los ayuntamientos italianos quedarán cancelados.
Se trata de una "invitación formal al retiro de estas uniones y la cancelación de las inscripciones", explicó.
En caso de que los alcaldes no retiren y cancelen los matrimonios inscritos, "se procederá a anularlos de oficio", destacó.
La inscripción en los registros civiles de ciertos ayuntamientos de los matrimonios homosexuales contraídos en el extranjero es un acto burocrático que tiene efecto únicamente local.
Fue la decisión adoptada por los alcaldes de ciudades italianas como Nápoles, Bolonia o Fano, que se basaron en una sentencia de un Tribunal italiano, que instó a un ayuntamiento a inscribir la unión de dos hombres casados en 2012 en Nueva York y que a partir de hoy quedará sin validez por ser incompatible con las leyes del país, según el ministro del Interior.