La Comisión Europea sacó este martes a Panamá y Gibraltar de su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras que incluyó en la misma a Venezuela, entre otros países.
Esta lista -diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aparecer en él no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
La Comisión Europea explicó en un comunicado que, al actualizar la lista, ha tenido en cuenta las preocupaciones expresadas sobre su propuesta previa y llevado a cabo un exhaustivo análisis técnico que ha incorporado información recabada a través del Grupo de Acción Financiera (GAFI) -organismo internacional de lucha contra el blanqueo-, diálogos bilaterales y visitas sobre el terreno a las jurisdicciones en cuestión.
Un año después 1z1rl
El año pasado, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta de Bruselas que pedía sacar de la lista a Gibraltar, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda, e incluir a Namibia y Kenia, lo que obligó a la Comisión a presentar una nueva propuesta.
En su resolución, aprobada por amplia mayoría, los eurodiputados planteaban, entre otras reservas, que "existen pruebas importantes y recientes que sugieren que los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Panamá carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia" por la guerra de Ucrania.
La actualización presentada hoy, sin embargo, incluye los cambios que habían sido criticados por la Eurocámara así como algunos adicionales.
El Parlamento Europeo y los Estados tienen ahora un plazo de un mes (ampliable a dos) para analizar la propuesta y, salvo que se opongan, esta entrará en vigor transcurrido ese periodo.